Congreso avanza en regulación para protección de datos personales de menores

El Senado de la República inició la discusión de una reforma legislativa que busca establecer como requisito obligatorio el consentimiento expreso de padres o tutores para el tratamiento de datos personales de menores de edad. La iniciativa pretende fortalecer la protección de la privacidad en entornos digitales y reducir los riesgos asociados con la exposición de información sensible de niñas, niños y adolescentes en plataformas electrónicas.

Al fundamentar el decreto ante el pleno cameral, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, enfatizó la necesidad de actualizar el marco jurídico mexicano ante los desafíos tecnológicos actuales. El legislador argumentó que las garantías de seguridad deben evolucionar para salvaguardar la integridad de los menores, evitando el uso indebido de sus perfiles y datos personales por terceros o empresas privadas.

La propuesta contempla mecanismos de verificación para que las plataformas digitales obtengan la autorización directa de quienes ejercen la patria potestad. Según el planteamiento expuesto en la tribuna, este cambio normativo busca armonizar la legislación nacional con estándares internacionales de ciberseguridad, priorizando siempre el interés superior de la niñez frente a la recolección masiva de datos en la red.

Durante la sesión, los legisladores destacaron que la medida no pretende limitar el acceso a la tecnología, sino dotar a los tutores de herramientas legales para decidir sobre la gestión de la información de sus representados. Se espera que, de aprobarse el decreto, las empresas que operan servicios en línea deberán implementar protocolos claros de obtención de consentimiento que sean verificables por las autoridades competentes.

El proyecto de decreto continúa su proceso en las comisiones dictaminadoras, donde se prevé la realización de foros de consulta para analizar las implicaciones técnicas y administrativas para los proveedores de servicios digitales. Representantes de diversos grupos parlamentarios expresaron su disposición para revisar los alcances de la ley, buscando un equilibrio entre la libertad de navegación y el derecho fundamental a la protección de datos personales.