Desmantelan red de extorsión contra verificentros en el Estado de México

Una investigación interna en el Estado de México ha revelado la existencia de una red de extorsión operada por funcionarios públicos, cuyo objetivo era recaudar más de 430 millones de pesos a costa de los verificentros en la entidad. El esquema operaba mediante presiones administrativas y amenazas de clausura, obligando a los propietarios de estos centros a realizar pagos fuera de la ley para mantener sus operaciones vigentes bajo la normativa ambiental.

El modus operandi consistía en la creación de trabas burocráticas artificiales durante las visitas de inspección técnica, lo que permitía a los involucrados solicitar cuotas extraordinarias a cambio de omitir supuestas irregularidades. Esta red buscaba consolidar un flujo de efectivo constante aprovechando la obligatoriedad de la verificación vehicular en el estado, afectando significativamente la operatividad de los negocios que cumplen con los estándares de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.

Tras las primeras denuncias presentadas por representantes del gremio ante las instancias correspondientes, la administración estatal ha iniciado un proceso de fiscalización profunda en las áreas administrativas involucradas. El gobierno del Estado de México ha señalado que se colabora estrechamente con la Fiscalía General de Justicia estatal para deslindar responsabilidades y proceder contra los servidores públicos que hayan abusado de su autoridad para beneficio personal.

Como parte de las acciones de respuesta, se ha propuesto implementar un sistema de auditoría digital más riguroso que minimice la discrecionalidad de los inspectores en los verificentros. El objetivo es garantizar que el proceso de control de emisiones se mantenga ajeno a prácticas de corrupción y cumpla estrictamente con el marco legal vigente, protegiendo así a los establecimientos legítimos de futuras coacciones.