Detectan diez asesores inmobiliarios sin matrícula vigente en Quintana Roo

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo informó este miércoles que, durante operativos de supervisión recientes, se detectó a diez personas que ejercían como asesores inmobiliarios sin contar con la matrícula oficial expedida por el estado. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para regular el mercado de bienes raíces y brindar mayor seguridad jurídica a los compradores en la entidad.

El registro de asesores inmobiliarios es un mecanismo obligatorio establecido en la normativa estatal con el fin de profesionalizar el sector y prevenir fraudes contra inversionistas y particulares. De acuerdo con las autoridades, la falta de acreditación impide verificar que los agentes cumplan con los estándares de capacitación y legalidad necesarios para realizar transacciones inmobiliarias de manera transparente y ética.

La Sedetus ha señalado que continuará con los trabajos de verificación en los principales centros turísticos y zonas comerciales de la entidad. El objetivo central de estas inspecciones es asegurar que toda persona física o moral dedicada a la intermediación en la compraventa de inmuebles esté debidamente inscrita en el padrón oficial del estado, cumpliendo así con las disposiciones legales vigentes.

En cuanto a las medidas preventivas, la dependencia estatal ha hecho un llamado a la ciudadanía para que verifique la vigencia de la matrícula de cualquier asesor antes de iniciar procesos de negociación o entrega de depósitos. Para facilitar este proceso, el gobierno estatal pone a disposición del público la consulta del registro oficial, donde los interesados pueden corroborar la identidad y facultades legales de los agentes registrados.

Las autoridades han reiterado que la formalización del sector inmobiliario es una prioridad para proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la confianza en el desarrollo urbano de Quintana Roo. Se espera que, mediante la aplicación de sanciones a quienes operan de forma irregular, se logre inhibir la proliferación de prácticas informales que ponen en riesgo la seguridad patrimonial en el mercado inmobiliario local.