Familia Oropeza denuncia extorsión y pérdida de expedientes en disputa inmobiliaria

La familia Oropeza ha denunciado ante instancias legales una serie de irregularidades en el proceso de recuperación de un terreno de 5.3 hectáreas ubicado en la zona de Insurgentes Sur. Según los afectados, su propiedad se encuentra en disputa tras un despojo, enfrentando ahora el obstáculo de carpetas de investigación que han sido reportadas como perdidas o extraviadas dentro de la fiscalía especializada encargada del caso. Este escenario ha prolongado un litigio que, según afirman los representantes legales de la familia, carece de avances significativos desde hace meses.

Los denunciantes sostienen que, durante sus visitas a las oficinas ministeriales, funcionarios han sugerido la entrega de pagos millonarios como condición para reactivar el expediente y facilitar la restitución del inmueble. Estas insinuaciones han sido señaladas por los afectados como una forma de extorsión institucionalizada, complicando la labor de las autoridades encargadas de investigar el despojo original. La familia ha optado por visibilizar la situación ante la falta de respuestas claras por parte de los ministerios públicos involucrados.

El caso ha generado preocupación sobre la transparencia en los procesos de justicia civil en la Ciudad de México. Ante estas denuncias, la familia Oropeza ha solicitado la intervención de instancias superiores para que se realice una auditoría interna sobre el manejo de sus expedientes y se garantice el debido proceso. Hasta el momento, los involucrados mantienen que la resolución del conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las autoridades para aplicar la ley sin condicionamientos económicos de por medio.

La situación jurídica del predio permanece en un estado de incertidumbre mientras se espera que la Fiscalía General de Justicia local tome cartas en el asunto. Los afectados han enfatizado que su objetivo principal es recuperar su patrimonio legítimo y que se sancione a quienes resulten responsables por la desaparición de los documentos oficiales. El proceso sigue bajo vigilancia de los abogados defensores, quienes buscan agotar las instancias administrativas necesarias para destrabar el caso.