Ley Sabina enfrenta obstáculos por persistencia del pacto patriarcal
Activistas denuncian que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios carece de operatividad efectiva a nivel nacional.
La principal impulsora de la Ley Sabina señaló este domingo que la implementación de este marco legal enfrenta una resistencia estructural vinculada al denominado pacto patriarcal. De acuerdo con las declaraciones del movimiento, la falta de voluntad política y las trabas institucionales impiden que los derechos de las infancias y las mujeres sean garantizados plenamente en los procesos judiciales.
El núcleo de la problemática radica en el funcionamiento del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el cual, según denuncian las colectivas, opera de manera deficiente en la mayoría de las entidades federativas. A pesar de los avances legislativos alcanzados en el Congreso de la Unión para sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones, la plataforma nacional presenta inconsistencias que obstaculizan su actualización y consulta efectiva.
La activista subrayó que, sin un mecanismo de interconexión real entre los registros estatales y el sistema federal, los deudores logran evadir las restricciones administrativas y judiciales. Esta omisión, señalan, perpetúa una forma de violencia económica que afecta gravemente el bienestar de los menores de edad y desprotege a las madres que encabezan los procesos de exigencia legal.
Desde las organizaciones sociales se ha solicitado a las autoridades competentes una revisión integral de los protocolos de registro. La propuesta central del movimiento es la estandarización de los procesos de captura de datos para que el padrón de deudores sea vinculante y tenga consecuencias inmediatas en la vida civil y laboral de los sujetos obligados por ley.
La situación actual pone en evidencia la brecha existente entre la creación de normas jurídicas y su ejecución en el sistema judicial mexicano. Mientras la Ley Sabina busca cerrar espacios a la impunidad, las colectivas mantienen su labor de vigilancia para que las instituciones cumplan con sus obligaciones de transparencia y justicia social en todo el territorio nacional.
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