martes, 17 de noviembre de 2026

México

Nayarit mantiene bajo reserva información de 19 obras públicas estatales

El gobierno de Nayarit clasificó como información reservada los expedientes del estadio Nicolás Álvarez y otras 18 obras, impidiendo su acceso público hasta el año 2031.

Redacción La Brújula
Foto: aristeguinoticias.com

El gobierno de Nayarit, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ha determinado clasificar como información reservada los expedientes técnicos, financieros y administrativos de 19 proyectos de infraestructura pública, entre los que destaca la rehabilitación y modernización del estadio Nicolás Álvarez Ortega. Esta medida administrativa implica que la ciudadanía y los organismos de transparencia no podrán consultar los detalles del ejercicio presupuestal y los procesos de licitación de estas obras hasta el año 2031, una vez que la actual administración estatal haya concluido su periodo de gestión.

La decisión ha sido notificada a través de los comités de transparencia de las dependencias estatales encargadas de la obra pública, argumentando que la divulgación de los documentos podría comprometer procesos administrativos en curso o la seguridad de las instalaciones. Según los criterios establecidos por la administración estatal, el acceso a los archivos se mantendrá restringido de manera temporal bajo el supuesto de proteger información estratégica durante el desarrollo y entrega de los proyectos de infraestructura.

Organizaciones civiles y especialistas en rendición de cuentas en Nayarit han manifestado inquietudes respecto a la extensión del periodo de reserva. Al extender la opacidad hasta el término del mandato del gobernador Navarro Quintero, se limita la capacidad de escrutinio público sobre el destino de los recursos estatales destinados a la construcción y mantenimiento de recintos deportivos y obras viales integradas en este paquete.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit establece mecanismos para que los ciudadanos presenten recursos de revisión ante el instituto estatal de transparencia en caso de considerar que la reserva de información no cumple con los requisitos legales necesarios. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo estatal mantiene su postura de proteger los documentos bajo el marco de la normativa vigente, argumentando que la información será pública una vez que se cumpla el plazo establecido por los comités internos.

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