Verónica Ruffo cuestiona versión de la SSPC sobre salud de Ernesto Ruffo

Verónica Ruffo contradijo públicamente este sábado las afirmaciones emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en torno a la situación de salud del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Mediante un posicionamiento, la familiar del político negó categóricamente que se haya realizado la entrega de calzado especializado ni de los medicamentos que la dependencia federal aseguró haber suministrado recientemente.

El conflicto surge tras un reporte oficial de la SSPC donde la institución detallaba protocolos de atención médica y entrega de insumos básicos realizados en los días previos. Según la autoridad federal, estas acciones formaban parte de un seguimiento rutinario para garantizar el bienestar de los ciudadanos bajo custodia o supervisión, cumpliendo con los estándares de derechos humanos vigentes en el país.

Sin embargo, la versión de Verónica Ruffo sostiene que tales apoyos no han sido recibidos, lo cual genera una discrepancia directa sobre la veracidad de los reportes administrativos de la Secretaría. La denunciante señaló que la información difundida por las autoridades no corresponde con la realidad que enfrentan en el día a día, calificando las declaraciones como imprecisas ante la falta de evidencia física sobre la recepción de los artículos mencionados.

Hasta el momento, la SSPC no ha emitido una rectificación ni ha presentado pruebas documentales o testimonios adicionales que respalden la entrega de los insumos. Este hecho ha derivado en una serie de cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de atención que brinda la dependencia federal a figuras públicas vinculadas con procesos de seguridad o salud bajo su jurisdicción.

La situación permanece bajo observación mientras se espera que la autoridad competente clarifique los procedimientos de entrega y atención médica. Por su parte, el equipo de apoyo de la familia Ruffo ha insistido en la necesidad de que los reportes oficiales coincidan con la realidad, evitando así la difusión de información que, a su juicio, desinforma a la opinión pública sobre el estado real de los involucrados.