Victimas de violencia digital denuncian inacción ante falta de protocolos claros

Una menor de edad y su madre han denunciado ser víctimas de una severa campaña de violencia digital, orquestada por el padre de la víctima y respaldada por grupos identificados con la denominada machósfera. Los hechos, ocurridos en fechas recientes, incluyen la difusión no consentida de contenido y hostigamiento sistemático en redes sociales, lo que ha puesto en riesgo la integridad emocional y física de ambas mujeres en su entorno cotidiano.

Durante el proceso de denuncia ante las instancias correspondientes, la defensa de las víctimas señaló que los agentes del Ministerio Público han manifestado dificultades técnicas y procedimentales para aplicar correctamente la Ley Olimpia. Según la representación legal, el personal ministerial alega no tener plena claridad sobre los protocolos de actuación necesarios para procesar delitos digitales cuando el agresor utiliza plataformas de mensajería cifrada y foros de internet para coordinar el acoso.

Este caso subraya una brecha persistente en la procuración de justicia en México respecto a la violencia de género en el ámbito tecnológico. A pesar de los marcos legales existentes para sancionar el ciberacoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, las víctimas señalan que la falta de capacitación especializada en las fiscalías locales impide que las investigaciones avancen con la celeridad que el riesgo exige.

Ante esta situación, diversos colectivos feministas han propuesto la creación de unidades especializadas en ciberdelitos dentro de las fiscalías estatales, enfocadas exclusivamente en casos de violencia digital contra menores. Asimismo, han urgido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fortalecer los mecanismos de atención inmediata para que las denuncias no queden estancadas en procesos burocráticos que favorecen la impunidad del agresor.

La defensa de las víctimas ha solicitado medidas cautelares urgentes para frenar la embestida digital que, aseguran, continúa propagándose a través de grupos que buscan amedrentar a la madre y a la menor tras la interposición de la querella. Por ahora, el caso permanece en etapa de investigación, mientras se espera que las autoridades ministeriales logren integrar las pruebas digitales bajo los lineamientos vigentes de la legislación nacional.